Del recurso a la ejecución de la sentencia
El contencioso-administrativo constituye una de las principales áreas de práctica de Bajo Herrera Estudio Jurídico en el ámbito del derecho público.
Desde nuestro despacho de abogados en Córdoba, prestamos asesoramiento y defensa jurídica a particulares, empresas y entidades públicas en controversias derivadas de la actuación de las Administraciones públicas, ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Nuestra intervención comprende el estudio de la viabilidad de las acciones judiciales, el análisis del expediente administrativo, la preparación de recursos y demandas, la dirección letrada de los procedimientos, la solicitud de medidas cautelares y la ejecución de resoluciones judiciales.
Intervenimos tanto en la impugnación de actuaciones administrativas como en la defensa de su legalidad, atendiendo a la posición procesal del cliente, la naturaleza de la controversia y las competencias del órgano jurisdiccional correspondiente.
El plazo general para recurrir ante los tribunales un acto expreso que pone fin a la vía administrativa es de dos meses desde su notificación. Hay plazos distintos para otros supuestos: en la protección de derechos fundamentales es de diez días. Si ha recibido una resolución, indíquenos la fecha en que se le notificó.
Contencioso-administrativo
Ámbitos de actuación
01Impugnación de actos y resoluciones administrativas
Asesoramiento y defensa judicial frente a resoluciones y actuaciones administrativas que puedan resultar contrarias al ordenamiento jurídico o lesionar derechos e intereses legítimos.Ver qué incluyeOcultar
- Recursos contencioso-administrativos frente a actos y resoluciones expresas.
- Impugnación de desestimaciones por silencio administrativo, cuando proceda.
- Recursos judiciales frente a sanciones, denegaciones de solicitudes y otras decisiones administrativas desfavorables.
- Controversias relativas a autorizaciones, licencias y títulos habilitantes.
- Impugnación de actuaciones administrativas en materia de subvenciones, contratación pública, urbanismo, medio ambiente y sectores regulados.
- Defensa de derechos e intereses legítimos afectados por decisiones de las Administraciones públicas.
02Procedimientos contencioso-administrativos
Dirección letrada en procesos judiciales de naturaleza contencioso-administrativa, desde la valoración inicial de la controversia hasta su resolución, atendiendo al procedimiento aplicable y al órgano jurisdiccional competente.Ver qué incluyeOcultar
- Interposición de recursos contencioso-administrativos.
- Dirección letrada en procedimientos ordinarios y abreviados.
- Preparación y formalización de demandas y contestaciones.
- Estudio del expediente administrativo y de las actuaciones previas.
- Proposición y práctica de los medios de prueba legalmente admisibles.
- Intervención en vistas, conclusiones y demás actuaciones procesales.
- Defensa ante las secciones de lo contencioso-administrativo de los Tribunales de Instancia, los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
03Recursos contra resoluciones judiciales
Asesoramiento y defensa en la impugnación de resoluciones judiciales dictadas en procedimientos contencioso-administrativos, con especial atención a los requisitos de recurribilidad, los motivos de impugnación y las posibilidades procesales de cada asunto.Ver qué incluyeOcultar
- Estudio de la viabilidad de recurrir sentencias y autos.
- Preparación e interposición de recursos de apelación cuando resulten procedentes.
- Formulación de oposición a los recursos interpuestos por otras partes.
- Análisis de la procedencia del recurso de casación y de sus requisitos de admisión.
- Preparación y dirección de recursos de casación en los supuestos legalmente previstos.
- Intervención en los demás recursos e incidentes procesales que resulten admisibles conforme a la legislación aplicable.
04Medidas cautelares y tutela judicial urgente
Asesoramiento y defensa en la solicitud y oposición a medidas cautelares dirigidas a preservar la efectividad de la tutela judicial durante la tramitación del procedimiento.Ver qué incluyeOcultar
- Solicitudes de suspensión de la eficacia de actos administrativos.
- Preparación de medidas cautelares para evitar que el recurso pierda su finalidad legítima.
- Solicitud de medidas cautelares de contenido positivo cuando resulten procedentes.
- Tramitación de medidas cautelares en supuestos de especial urgencia.
- Oposición a solicitudes cautelares formuladas por otras partes.
- Intervención en incidentes de modificación, mantenimiento o levantamiento de medidas cautelares.
- Asesoramiento sobre las consecuencias jurídicas y económicas de su adopción.
05Impugnación de disposiciones generales
Asesoramiento y defensa frente a disposiciones reglamentarias y otras normas administrativas de carácter general cuya legalidad pueda ser cuestionada ante la jurisdicción contencioso-administrativa.Ver qué incluyeOcultar
- Estudio de la legalidad de reglamentos y disposiciones administrativas de carácter general.
- Impugnación directa de disposiciones generales.
- Impugnación indirecta de disposiciones reglamentarias a través de sus actos de aplicación.
- Recursos frente a ordenanzas municipales y otras disposiciones reglamentarias.
- Análisis de vicios de competencia, procedimiento, jerarquía normativa y demás causas de invalidez.
- Defensa en controversias relacionadas con el ejercicio de la potestad reglamentaria de las Administraciones públicas.
06Inactividad administrativa y vía de hecho
Asesoramiento y defensa judicial frente a determinados supuestos de inactividad de las Administraciones públicas y actuaciones materiales realizadas sin la cobertura jurídica exigible.Ver qué incluyeOcultar
- Estudio de los presupuestos legales del recurso frente a la inactividad administrativa.
- Reclamaciones dirigidas a exigir el cumplimiento de prestaciones concretas jurídicamente exigibles.
- Actuaciones para instar la ejecución de actos administrativos firmes cuando concurran los requisitos legales.
- Defensa frente a actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho.
- Preparación de requerimientos de cesación y recursos judiciales, según proceda.
- Solicitud de medidas cautelares dirigidas a preservar los derechos e intereses afectados.
07Responsabilidad patrimonial y reclamaciones económicas
Recursos judiciales en reclamaciones indemnizatorias y controversias económicas derivadas de la actuación administrativa. La responsabilidad patrimonial tiene su propia ficha.Ver qué incluyeOcultar
- Recursos frente a resoluciones dictadas en procedimientos de responsabilidad patrimonial.
- Controversias económicas derivadas de contratos del sector público sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa.
- Defensa en litigios sobre obligaciones económicas de las Administraciones públicas.
08Ejecución de sentencias y resoluciones judiciales
Asesoramiento y defensa en la fase de ejecución de resoluciones dictadas por los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, con el objetivo de obtener el cumplimiento efectivo de sus pronunciamientos.Ver qué incluyeOcultar
- Solicitudes de ejecución de sentencias firmes.
- Seguimiento del cumplimiento de las resoluciones judiciales.
- Intervención en incidentes de ejecución.
- Controversias sobre la interpretación y el alcance de los pronunciamientos judiciales.
- Impugnación de actuaciones administrativas contrarias a lo resuelto judicialmente.
- Solicitud de medidas dirigidas a obtener el cumplimiento de las sentencias.
- Defensa frente a actuaciones de ejecución que excedan o contradigan el contenido del fallo.
09Protección jurisdiccional de derechos fundamentales
Asesoramiento y defensa en controversias administrativas que puedan afectar a derechos fundamentales susceptibles de protección mediante el procedimiento especial previsto en la legislación contencioso-administrativa.Ver qué incluyeOcultar
- Estudio de actuaciones administrativas con posible incidencia en derechos fundamentales.
- Análisis de la procedencia del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona.
- Plazo de diez días para interponer el recurso por este procedimiento.
- Preparación e interposición de recursos judiciales mediante dicho procedimiento, cuando proceda.
- Solicitud de medidas cautelares para preservar los derechos afectados.
- Dirección letrada de los procedimientos y recursos legalmente admisibles.
10Defensa de Administraciones y entidades públicas
Asesoramiento y defensa jurídica de Administraciones y entidades del sector público en procesos contencioso-administrativos, cuando resulte legalmente procedente su intervención por profesionales externos.Ver qué incluyeOcultar
- Asesoramiento procesal a Administraciones y entidades públicas.
- Preparación de contestaciones a demandas y defensa de la legalidad de actuaciones administrativas.
- Estudio de expedientes y elaboración de informes sobre controversias judiciales.
- Valoración jurídica de las posibilidades de recurso y de las distintas alternativas procesales.
- Intervención en los recursos y actuaciones judiciales que correspondan.
- Asesoramiento sobre el cumplimiento y ejecución de sentencias que afecten a entidades públicas.
- Defensa de los intereses de las entidades representadas conforme a las competencias y condiciones del encargo profesional.
Cómo lo abordamos
Una estrategia procesal desde el inicio
La viabilidad de una controversia contencioso-administrativa depende tanto de las cuestiones jurídicas de fondo como de los requisitos procesales que permiten acceder a la jurisdicción.
Nuestro trabajo comienza con el estudio del acto, disposición o actuación administrativa controvertida, el análisis del expediente y la identificación de la pretensión que puede ejercitarse ante los tribunales.
Prestamos especial atención a la legitimación de las partes, la competencia del órgano jurisdiccional, los plazos, las actuaciones administrativas previas y los medios de prueba disponibles.
A partir de este análisis, valoramos las alternativas procesales, las posibilidades de impugnación o defensa y los riesgos jurídicos y económicos asociados al procedimiento, incluidas las costas, que en primera instancia se imponen por regla general a quien ve rechazadas todas sus pretensiones.
De la vía administrativa a la defensa judicial
En numerosos asuntos, la actuación desarrollada durante el procedimiento administrativo condiciona las posibilidades posteriores de defensa judicial.
Por ello, procuramos mantener una visión conjunta de ambas fases, valorando desde las primeras actuaciones la documentación, los hechos y los fundamentos jurídicos que pueden adquirir relevancia en un eventual proceso contencioso-administrativo.
Cuando el asunto requiere intervención judicial, asumimos la dirección letrada del procedimiento, la preparación de los escritos procesales, la intervención en las actuaciones que correspondan y el estudio de los recursos legalmente procedentes.
Nuestra actuación también puede comprender la fase de ejecución de la resolución judicial, cuando resulte necesaria para hacer efectivos los pronunciamientos obtenidos.
Cómo empezar
Documentación inicial recomendable
Para realizar una primera valoración de una controversia contencioso-administrativa, puede resultar útil disponer de:
- Resolución administrativa, disposición o actuación que se pretende impugnar.
- Notificación recibida y documentación que permita acreditar su fecha.
- Solicitudes, alegaciones y recursos presentados durante la vía administrativa.
- Resoluciones recaídas en los recursos administrativos, cuando existan.
- Expediente administrativo o documentación disponible sobre su tramitación.
- Informes técnicos, periciales y demás documentos relacionados con el asunto.
- Escritos y resoluciones judiciales, cuando exista un procedimiento ya iniciado.
No es necesario disponer de toda esta documentación para solicitar una primera consulta. Le indicaremos qué información resulta relevante según la naturaleza del asunto.
Contacto
Plantee su consulta
Explíquenos brevemente su situación y las actuaciones realizadas hasta el momento. Estudiaremos la información inicial que nos facilite y le indicaremos si podemos asumir el asunto y cómo organizar una primera consulta.
Si ha recibido una resolución administrativa, una notificación judicial o tiene un plazo en curso, indíquenos la fecha. El envío de una consulta no suspende ni interrumpe los plazos legales.
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