La concesión y utilización de subvenciones y ayudas públicas está sometida a un régimen jurídico específico que determina los requisitos de acceso, las obligaciones de los beneficiarios, la justificación de los fondos recibidos y los mecanismos de comprobación y control.
En Bajo Herrera Estudio Jurídico prestamos asesoramiento jurídico a particulares, empresas y entidades del sector público en procedimientos relacionados con subvenciones y ayudas públicas, incluidas aquellas financiadas total o parcialmente con fondos de la Unión Europea, como las ayudas de la PAC.
Nuestra práctica comprende el estudio de las bases reguladoras y convocatorias, la preparación jurídica de solicitudes, el análisis de las resoluciones de concesión y el asesoramiento durante la ejecución y justificación de las actuaciones subvencionadas.
Intervenimos asimismo en procedimientos de comprobación, reintegro y sanción, mediante la formulación de alegaciones, la preparación de recursos y la defensa de los intereses de nuestros clientes ante las Administraciones y los órganos judiciales competentes.
Desde Córdoba atendemos asuntos en toda Andalucía y en el resto de España.
Solicitudes, condiciones de concesión, justificación, requerimientos, reintegros y recursos.
Bases reguladoras, convocatorias, gestión de expedientes, control, reintegro y dictámenes.
Un reintegro puede haber prescrito o caducado: por regla general, la Administración tiene cuatro años para exigirlo y doce meses para resolver el procedimiento. Si ha recibido el inicio de un reintegro, indíquenos la fecha en que se le notificó.
Subvenciones, ayudas públicas y fondos europeos
Cómo lo abordamos
Los procedimientos de subvenciones requieren un análisis jurídico que va más allá de la presentación de una solicitud.
La obtención de financiación pública puede quedar condicionada al cumplimiento de requisitos previos, a la realización de determinadas actuaciones y a la acreditación posterior del destino de los fondos recibidos.
Por ello, nuestro trabajo comienza con el estudio de las bases reguladoras, la convocatoria y las circunstancias del solicitante o beneficiario.
Cuando se trata de acceder a una ayuda, examinamos los requisitos aplicables, la documentación exigida y las condiciones jurídicas que podrían asumirse en caso de concesión.
Durante la ejecución, asesoramos sobre las obligaciones del beneficiario, los límites a la modificación de las actuaciones subvencionadas y las exigencias de justificación y control.
Cuando la Administración inicia un procedimiento de reintegro o sancionador, analizamos las actuaciones realizadas, las obligaciones presuntamente incumplidas y los fundamentos jurídicos de la reclamación.
Prestamos especial atención a la naturaleza del incumplimiento, la documentación disponible, las reglas aplicables a la justificación y los criterios legalmente previstos para determinar sus consecuencias.
La defensa puede comprender la formulación de alegaciones, la aportación de documentación, la interposición de recursos administrativos y, cuando resulte procedente, la dirección letrada del correspondiente procedimiento contencioso-administrativo.
El reintegro y la sanción son procedimientos distintos. La exigencia de devolución de una ayuda no equivale necesariamente a la imposición de una sanción administrativa. La procedencia de cada actuación debe analizarse conforme a sus propios presupuestos legales.
Las subvenciones financiadas con fondos europeos pueden incorporar obligaciones adicionales derivadas de la normativa de la Unión Europea, de los programas de financiación y de sus instrumentos de ejecución.
Según la ayuda y el programa aplicables, estas obligaciones pueden comprender reglas sobre elegibilidad del gasto, publicidad de la financiación, prevención del fraude, conflictos de intereses, compatibilidad con otras ayudas y prohibición de doble financiación.
En determinados programas, como los vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU), también pueden resultar aplicables requisitos específicos sobre seguimiento de hitos y objetivos y sobre el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. Terminada su ejecución, empieza una fase de controles que durará años.
Por ello, el asesoramiento requiere examinar el régimen concreto de la convocatoria y las obligaciones asumidas por el beneficiario o por la entidad responsable de la gestión de los fondos.
Cómo empezar
Para realizar una primera valoración de un asunto relacionado con subvenciones o ayudas públicas, puede resultar útil disponer de:
No es necesario disponer de toda esta documentación para solicitar una primera consulta. Le indicaremos qué información resulta relevante según la fase del procedimiento y la naturaleza del asunto.
Contacto
Explíquenos brevemente su asunto y la fase del procedimiento en la que se encuentra. Estudiaremos la información inicial y le indicaremos si podemos asumir el encargo y cómo organizar una primera consulta.
Si ha recibido una notificación administrativa o un requerimiento, o tiene un plazo en curso, indíquenos la fecha. El envío de una consulta no suspende ni interrumpe los plazos legales.
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