La defensa en un procedimiento sancionador requiere analizar los hechos imputados, la normativa aplicable, la actividad probatoria y el cumplimiento de los requisitos y garantías establecidos por el ordenamiento jurídico.
Nuestro trabajo comienza con el examen de las actuaciones administrativas y de la documentación disponible, identificando la fase en la que se encuentra el procedimiento y los plazos de actuación.
Estudiamos la calificación jurídica de los hechos, la existencia de una infracción legalmente tipificada, los elementos necesarios para atribuir responsabilidad y las circunstancias que pueden incidir en la procedencia y graduación de la sanción.
Asimismo, revisamos el cumplimiento de las garantías procedimentales, la competencia de los órganos administrativos, los medios de prueba y las posibles cuestiones de prescripción o caducidad.
A partir de este análisis, valoramos las alternativas de defensa y preparamos las alegaciones, solicitudes de prueba y recursos que resulten jurídicamente procedentes.
Garantías del procedimiento sancionador
La potestad sancionadora de las Administraciones públicas está sometida a principios y garantías destinados a proteger los derechos de los interesados.
Entre ellos se encuentran los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y prohibición de doble sanción por los mismos hechos cuando concurran los presupuestos legalmente establecidos.
La aplicación de estos principios exige examinar las circunstancias del caso y la normativa sectorial correspondiente.
Reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario
En determinados procedimientos sancionadores, la legislación contempla reducciones económicas asociadas al reconocimiento de responsabilidad o al pago voluntario de la sanción.
Cada una reduce la sanción al menos un 20 %, y son acumulables, pero exigen renunciar a recurrir en vía administrativa.
Estas alternativas pueden permitir la terminación anticipada del procedimiento, pero también están sujetas a condiciones legales que deben conocerse antes de adoptar una decisión.
Por ello, asesoramos sobre las consecuencias jurídicas y económicas de acogerse a estas posibilidades, valorando su conveniencia frente a las alternativas de defensa disponibles.
Impugnación de sanciones administrativas
Cuando se dicta una resolución sancionadora, estudiamos las vías de impugnación procedentes y las posibilidades de solicitar, en los supuestos legalmente previstos, la suspensión de su ejecución.
Nuestra intervención puede comprender la interposición de recursos administrativos y, cuando resulte procedente, la dirección letrada del correspondiente recurso contencioso-administrativo.
