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Derecho Público

Régimen local y servicios públicos

Asesoramiento jurídico a Ayuntamientos, entidades locales y organismos del sector público en sus competencias, organización y prestación de servicios

Expedientes sobre la mesa del despacho

Asesoramiento jurídico a Ayuntamientos y Diputaciones

La actividad de las entidades locales está sometida a un marco jurídico que regula sus competencias, organización, potestades administrativas, procedimientos y prestación de servicios públicos.

El adecuado ejercicio de estas funciones exige conocer tanto la legislación básica estatal como la normativa autonómica y sectorial aplicable a cada actuación, especialmente cuando concurren cuestiones relacionadas con la organización administrativa, la contratación pública y la gestión de servicios de competencia local.

En Bajo Herrera Estudio Jurídico prestamos asesoramiento en derecho local a Ayuntamientos, Diputaciones y otras entidades del sector público, con especial atención al régimen jurídico de las Administraciones locales de Andalucía.

Nuestra práctica comprende la elaboración de dictámenes, el análisis de competencias municipales, la preparación y revisión de ordenanzas y reglamentos, el asesoramiento en la organización y gestión de servicios públicos y la intervención en procedimientos administrativos y controversias relacionadas con la actividad de las entidades locales.

Asesoramos asimismo sobre las distintas fórmulas jurídicas de prestación de servicios, los instrumentos de cooperación y colaboración administrativa y las obligaciones derivadas de la normativa aplicable a su funcionamiento.

Nuestra intervención tiene carácter de asesoramiento jurídico externo y complementario, respetando en todo caso las atribuciones de los órganos administrativos y las funciones legalmente reservadas a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Desde Córdoba atendemos a entidades de toda Andalucía y del resto de España.

Régimen local y servicios públicos

Ámbitos de actuación

01

Organización y gestión de servicios públicos

Asesoramiento jurídico a entidades locales en la creación, organización, prestación y gestión de servicios públicos de su competencia, atendiendo a las exigencias legales y a las características de cada actividad.

  • Estudio del régimen jurídico de los servicios públicos de competencia local.
  • Asesoramiento sobre la creación, establecimiento y regulación de servicios públicos municipales.
  • Análisis de las formas de gestión directa e indirecta: la gestión mediante entidad pública empresarial o sociedad mercantil local exige una memoria justificativa que acredite que es más sostenible y eficiente que la gestión por la propia entidad o por un organismo autónomo.
  • Dictámenes sobre la elección, modificación, reorganización o extinción de las modalidades de gestión.
  • Asesoramiento en la organización jurídica de servicios prestados directamente por las entidades locales.
  • Análisis de las funciones y relaciones jurídicas de organismos autónomos, entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles locales.
  • Elaboración y revisión de instrumentos jurídicos para la organización y funcionamiento de servicios públicos.
  • Preparación y revisión de reglamentos de prestación y utilización de servicios.
  • Asesoramiento sobre contratos de servicios y concesiones de servicios, conforme a su respectivo régimen jurídico.
  • Estudio de convenios de colaboración y cooperación interadministrativa relacionados con servicios públicos.
  • Asesoramiento sobre encargos a medios propios personificados, cuando concurran los requisitos legales.
  • Asesoramiento sobre derechos y obligaciones derivados de las relaciones entre las entidades titulares, los operadores y las personas usuarias.
  • Estudio de las controversias sobre la prestación, la continuidad y el cumplimiento de las obligaciones de los servicios públicos, y defensa administrativa y judicial cuando resulte procedente.
02

Régimen jurídico de las entidades locales

Asesoramiento jurídico sobre la organización, competencias y actuación administrativa de Ayuntamientos, Diputaciones y otras entidades locales, con atención a la legislación básica estatal y a la normativa autonómica aplicable.

  • Dictámenes sobre competencias y potestades de las entidades locales.
  • Asesoramiento en la interpretación y aplicación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y de la Ley de Autonomía Local de Andalucía.
  • Estudio de la distribución de competencias entre Administraciones y órganos de gobierno local.
  • Análisis jurídico de acuerdos, resoluciones y actuaciones administrativas municipales.
  • Asesoramiento sobre los procedimientos de adopción y revisión de acuerdos.
  • Estudio de las posibilidades jurídicas de que las entidades locales ejerzan actividades económicas.
  • Asesoramiento sobre las relaciones jurídicas entre Ayuntamientos, Diputaciones y otras Administraciones públicas, y sobre las fórmulas de cooperación y colaboración interadministrativa.
  • Asistencia jurídica en cuestiones relacionadas con mancomunidades, consorcios y otras entidades de cooperación local, conforme a su régimen aplicable.
03

Ordenanzas y reglamentos municipales

Asesoramiento jurídico en la elaboración, modificación y revisión de disposiciones normativas locales, así como en los procedimientos administrativos necesarios para su aprobación y eventual impugnación.

  • Elaboración y revisión jurídica de ordenanzas municipales no fiscales.
  • Asesoramiento sobre el ejercicio de la potestad reglamentaria de las entidades locales y sus límites, especialmente en materias sometidas a reserva de ley.
  • Estudio de los requisitos de competencia para la aprobación de disposiciones locales.
  • Asesoramiento durante la tramitación: consulta pública, cuando sea exigible; aprobación inicial; información pública y audiencia durante al menos treinta días, y aprobación definitiva, que se entiende adoptada si no se presentan reclamaciones ni sugerencias.
  • Dictámenes sobre proyectos de ordenanzas y reglamentos y sobre las alegaciones, reclamaciones y sugerencias formuladas durante su tramitación.
  • Análisis de la adecuación de las disposiciones municipales a la legislación estatal, autonómica y sectorial aplicable.
  • Régimen sancionador de las ordenanzas: tipificación de infracciones y sanciones a falta de normativa sectorial, con multas de hasta 3.000 euros por infracción muy grave, salvo que la ley disponga otra cosa.
  • Asesoramiento sobre la modificación y derogación de ordenanzas y reglamentos.
  • Defensa jurídica frente a la impugnación de ordenanzas y reglamentos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
04

Procedimientos administrativos y asesoramiento institucional

Asesoramiento jurídico externo a Administraciones y entidades del sector público en la tramitación de expedientes, preparación de documentos jurídicos y defensa de sus actuaciones, dentro del marco de competencias legalmente establecido.

  • Dictámenes sobre cuestiones de derecho administrativo y régimen local.
  • Asesoramiento en la preparación y revisión de expedientes administrativos.
  • Análisis de la competencia de los órganos administrativos y de los requisitos de los procedimientos.
  • Preparación y revisión de propuestas de acuerdos y resoluciones, sin perjuicio de las funciones correspondientes a los órganos y empleados públicos competentes.
  • Elaboración de documentos jurídicos relacionados con la actividad administrativa municipal.
  • Asesoramiento sobre trámites de audiencia, información pública y participación de los interesados.
  • Estudio de recursos administrativos y reclamaciones formuladas frente a actuaciones de entidades locales.
  • Dictámenes sobre la adecuación a derecho de actuaciones y procedimientos administrativos y sobre las alternativas de resolución.
  • Análisis de la normativa sectorial aplicable a los expedientes municipales.
  • Asesoramiento jurídico recurrente en cuestiones de organización administrativa y prestación de servicios públicos.
  • Asesoramiento y defensa en controversias relacionadas con el ejercicio de competencias locales.
  • Asesoramiento sobre la viabilidad de la impugnación o defensa judicial de actuaciones administrativas.
  • Dirección letrada de procedimientos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en los supuestos en que resulte legalmente procedente.

Cómo lo abordamos

Asesoramiento jurídico adaptado a la actividad de cada entidad local

Las entidades locales desarrollan competencias y prestan servicios que requieren aplicar diferentes disposiciones del ordenamiento jurídico, atendiendo tanto a las normas generales de procedimiento administrativo como a las particularidades de la legislación de régimen local.

Nuestro trabajo comienza con el análisis de la cuestión planteada, las competencias de la entidad, el expediente administrativo y las circunstancias que condicionan la actuación.

Prestamos especial atención a la identificación del órgano competente, el procedimiento legalmente exigible y los límites que resulten de la normativa estatal, autonómica y sectorial.

A partir de este estudio, elaboramos los dictámenes y documentos necesarios para asesorar sobre las alternativas disponibles, sus requisitos y las consecuencias jurídicas de cada decisión.

Organización y prestación de servicios públicos

La creación y gestión de servicios públicos locales requiere valorar diferentes aspectos jurídicos relacionados con las competencias municipales, las modalidades de prestación, los instrumentos organizativos y los procedimientos administrativos necesarios.

Asesoramos en el estudio de las fórmulas de gestión legalmente disponibles y en la elaboración o revisión de los documentos jurídicos asociados a su implantación y funcionamiento.

Cuando intervienen operadores económicos o entidades instrumentales, examinamos la naturaleza jurídica de las relaciones establecidas y las exigencias aplicables a los contratos, los convenios y los encargos a medios propios, que no son figuras intercambiables.

Nuestra intervención puede comprender igualmente el análisis de controversias surgidas durante la prestación del servicio, las modificaciones de las condiciones de gestión y las actuaciones necesarias para defender los intereses de la entidad.

Colaboración con los servicios jurídicos y órganos administrativos

El asesoramiento jurídico externo debe integrarse adecuadamente en el funcionamiento institucional de la entidad local.

Nuestra asistencia no sustituye las funciones de fe pública, asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna, contabilidad, tesorería y recaudación, que el artículo 92 bis de la Ley 7/1985 y el Real Decreto 128/2018 reservan a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

La intervención del despacho puede complementar la actividad de los servicios municipales mediante dictámenes especializados, el estudio de expedientes concretos y el asesoramiento jurídico sobre cuestiones que requieran un análisis específico.

Prestamos la asistencia con el contrato que corresponda: contrato menor para trabajos puntuales y contrato de servicios para la asistencia continuada.

Prevención de controversias y defensa judicial

Una adecuada preparación jurídica de los expedientes permite identificar posibles dificultades normativas y procedimentales antes de la adopción de las decisiones administrativas.

Cuando surge una controversia, analizamos la actuación administrativa, los fundamentos jurídicos de las pretensiones formuladas y las alternativas de respuesta disponibles.

Nuestra intervención puede comprender el asesoramiento durante la tramitación administrativa y, cuando resulte legalmente procedente, la defensa de los intereses de la entidad ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Cómo empezar

Documentación inicial recomendable

Para realizar una primera valoración de una cuestión relacionada con el régimen local o la gestión de servicios públicos, puede resultar útil disponer de:

  • Descripción de la cuestión jurídica o administrativa que se pretende resolver.
  • Expedientes, acuerdos o resoluciones relacionados con el asunto.
  • Informes jurídicos y técnicos que ya consten en el expediente, cuando existan.
  • Ordenanzas, reglamentos y disposiciones municipales aplicables.
  • Memorias y documentación relativa a la creación, organización o prestación del servicio.
  • Contratos, convenios, acuerdos de colaboración o instrumentos de gestión relacionados con el asunto.
  • Comunicaciones y requerimientos de otras Administraciones o de los interesados.
  • Alegaciones, recursos y reclamaciones formulados durante el procedimiento.
  • Resoluciones judiciales y escritos procesales, cuando exista un procedimiento judicial en curso.

No es necesario disponer de toda esta documentación para solicitar una primera consulta. Le indicaremos qué información resulta relevante según la entidad, el procedimiento y la naturaleza del asunto.

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Explíquenos brevemente la cuestión planteada y el estado en que se encuentra el procedimiento. Estudiaremos la información inicial y le indicaremos si podemos asumir el asunto y cómo organizar una primera consulta.

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